El pasado miércoles 28 de Abril el Alto Mando Político
de la Revolución Bolivariana hizo pública una denuncia sobre planes
de magnicidio contra el Presidente de la República Nicolás Maduro,
el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y otros
dirigentes del gobierno. Jorge Rodríguez, en el papel de vocero,
presentó diversas pruebas de estos planes, entre las cuales se
incluyeron un conjunto de correos electrónicos compartidos entre
María Corina Machado, Henrique Salas Römer, Diego Arria, Gustavo
Tarre y Pedro Burelli. En la correspondencia electrónica se hace
mención a la desaparición física de Nicolás Maduro, la necesidad
de continuar de acciones de calle que estimulen la ingobernabilidad,
así como a la aprobación de los planes por parte de Kevin Whitaker,
nombrado recientemente como embajador de Estados Unidos en Colombia.
Es importante destacar que estas pruebas forman parte de
una investigación penal que realiza el Ministerio Público, el cual
aprobó la intervención de los correos electrónicos de las personas
involucradas. En ese sentido, Jorge Rodríguez afirmó que la
denuncia tiene un carácter político y busca poner al tanto a la
ciudadanía de planes que pretenden alterar la estabilidad de la
nación. De igual manera, vale la pena recordar que los involucrados
en la investigación ya han participado anteriormente en actividades
delictivas. Algunos participaron en el golpe del 11 de Abril del
2002, como María Corina Machado, quien firmó el “Decreto Carmona”
apoyando la derogación ilegal de la constitución. Diego Arria tiene
un largo prontuario en el saqueo de las arcas públicas durante la
Cuarta República, Pedro Burelli formó parte de la directiva de
PDVSA, en la época de su privatización.
La
reacción de la oposición venezolana, tanto en su dirigencia como en
su representación mediática, ha consistido, por un lado, en la
total banalización de la denuncia, la burla a través de las redes
sociales y el posicionamiento de temas secundarios, por el otro, en
la contra denuncia -estrategia común en la oposición-. Así, frente
a la denuncia realizada por Rodríguez, María Corina Machado
presentó ante la fiscalía diversas denuncias por difamación, entre
otras; de igual manera, los medios se han enfocado en el supuesto
delito de violación de la privacidad y a la Lopna. Guillermo
Aveledo llamó a la denuncia de magnicidio una “farsa”, Gustabo
Tarre afirmó que se trataba de un “pote de humo” y Richard
Blanco sostuvo que era “un cuento más”. De igual manera, la
oposición llamó a la renuncia del Presidente Maduro, desviando la
atención de sus seguidores.
En
el caso de los opositores de a pie, ha calado esta estrategia
continua de banalización, se han enfocado en hacer chistes al
respecto, restarle importancia y afirmar que se trata de “otra
denuncia más sobre magnicidio”. El caso es que, al no darle
ninguna credibilidad a los voceros oficiales, la base social de la
oposición demostró que no les interesa ninguna denuncia hecha por
el gobierno; en el fondo, en su entorno íntimo, apoyan un plan de
magnicidio. Para la mayoría de los opositores es un episodio pasado
sin importancia, que en alguna medida ha servido para prestar su
apoyo automático a María Corina Machado.
No
es de extrañar esta actitud incrédula y ridiculizadora por parte de
los opositores de a pie. El trabajo ideológico se ha hecho muy bien,
la mayoría de ellos articula su realidad de acuerdo a una
construcción mediática, sus criterios de lo creíble o no se miden
en función de reforzar la idea que tienen sobre lo que sucede en el
país. Si luego de 12 años muchos de ellos continúan negando que el
11 de Abril hubo un golpe de Estado, que Iván Simonovis participó
en la autoría intelectual de los asesinatos de la Avenida Baralt,
que los mismos que los dirigen hoy en día eliminaron la
constitución, asaltaron embajadas y arrestaron políticos sin ningún
soporte legal, no es mucho lo que se puede pedir.
A
quién le puede parecer increíble que María Corina Machado esté
detrás de planes de magnicidio cuando ya participó activamente en
un golpe de Estado, sostiene relaciones cercanas con políticos
norteamericanos, tan cercanas que le permitieron reunirse con George
Bush y ha asumido el discurso más radical pidiendo la salida forzada
del Presidente Nicolás Maduro. O quién puede dudar que Henrique
Salas Römer asesore acciones de este tipo, con el pasado mafioso que
tiene en la Gobernación de Carabobo. No se diga de un personaje como
Diego Arria, uno de “los doce apóstoles”, empresarios metidos a
políticos con la finalidad de enriquecerse a costa del dinero
público.
En
el caso de la militancia revolucionaria la reacción no ha sido
unívoca. Por una parte, ha habido consenso en la credibilidad de la
denuncia, teniendo como base el conocimiento de cómo actúa la
derecha venezolana pero además la experiencia internacional en
reiterados casos, sucediendo el más reciente en Ucrania. Pero, por
la otra, se ha exigido una actuación rápida en el cumplimiento de
la ley, se pide que la denuncia no quede en un evento mediático más,
que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la
estabilidad del país. Se solicita que la denuncia venga acompañada
de un conjunto de acciones concretas contra aquellos que están
organizando el magnicidio y que van a cumplir 5 meses detrás de las
acciones violentas a nivel nacional.
Una
de las principales preocupaciones es la posibilidad de que las
pruebas no sean lo suficientemente contundentes como para que
conduzcan a que los involucrados terminen en la cárcel. Resulta por
demás curioso que el gobierno de un país haga una denuncia en los
tonos en los que lo hace la oposición de izquierda históricamente,
sin tener la capacidad para que se traduzcan en la aplicación de la
justicia. Pero además, si esta denuncia se queda en una rueda de
prensa, se estimula la banalización constante, la oposición seguirá
conspirando y aumentará la incredulidad.
Desde
esta perspectiva salta la duda sobre cuál es la intención con la
denuncia de magnicidio. Al tratarse de una denuncia política, se ha
dicho que busca alertar al pueblo sobre los planes. Pero también
hemos visto cómo denuncias de este tipo buscan una identificación
de los enemigos de la paz, así como el fortalecimiento de la
polarización, en función de que se sepa lo que está en juego. El
problema consiste en ver hasta qué punto la polarización sólo
mediática y discursiva favorece hoy en día la permanencia del
proyecto revolucionario. A la vez que es urgente combatir la
percepción sobre la impunidad, porque es un precedente peligroso que
una denuncia hecha a nombre del propio Presidente de la República no
derive en unas acciones concretas. La impunidad mina la confianza del
pueblo en el gobierno respecto a su capacidad para defender el
proyecto revolucionario.
Manuel
Azuaje Reverón.
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